Defensores de derechos humanos hacen llamado a las empresas del Consumer Goods Forum para prevenir la violencia y asesinatos en sus cadenas de suministro
Se requieren acciones más fuertes en el área de cadenas de suministro e inversiones para proteger a las comunidades
Foto arriba: Corozo de palma de aceita en Colombia. Vicki Brown/Forest Peoples Programme 2019
“Las cadenas de suministro de la agroindustria son una de las areas más peligrosas para defensores de derechos humanos y comunidades”, dijo ayer Michel Forst, recientemente Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en un evento de la Iniciativa Tolerancia Cero (ZTI, por sus siglas en inglés).
“El Consumer Goods Forum (Foro de bienes de consumo) – como plataforma clave para minoristas, productores de derivados del aceite de palma y soya entre otros — puede tener un papel importante en promover el debate [de derechos humanos] y mejorar las prácticas corporativas respecto a los defensores de derechos humanos y derechos ambientales” dice Forst.
Según Global Witness, el sector de la agroindustria ha visto un aumento del 60% en asesinatos de defensores de derechos humanos en el último año, la mayoría pueblos indígenas.
Forst exhortó al Consumer Goods Forum (CGF) “a incluir las recomendaciones de la carta de las ONG en su hoja de ruta para materias primas y en futuras consultas con actores del sector”.
“Se nos acaba el tiempo,” dijo. “Los reportes [de agresiones] son implacables: el mundo es más letal que nunca para defensores de territorios y derechos ambientales, para los que denuncian abusos corporativos”.
Conflictos territoriales abundan en Indonesia
En el mismo evento, una representante de las comunidades indígenas de Indonesia explicó, “[En Indonesia] las empresas no buscan obtener derechos legales para adquirir tierras, sino que llegan y se apropian de ellas, cortan el bosque y siembran u operan.”
“Esa es su forma de actuar."
Continuó: “Esperamos que el CGF pueda tratar de identificar cuales son las empresas que operan y cumplen con sus obligaciones, por ejemplo a través de los procesos de la RSPO. Cuando vemos los documentos, percibimos que con frecuencia no hay una representación genuina de los pueblos indígenas en la toma de decisiones con respecto a la certificación de las plantaciones de aceite de palma”.
“El mes pasado tuvimos 30 conflictos territoriales y problemas entre las empresas de aceite de palma y los pueblos indígenas en Kalimantan Central,” relató la representante. “Los pueblos indígenas que defienden sus territorios se enfrentan a violencia de parte de la policía y de Brimob [una unidad de operaciones especiales de la policía de Indonesia]. Son criminalizados.”
Defensores ambientales en la mira en Paraguay
La problemática se encuentra en muchas partes del mundo. Un dirigente indígena y defensor de derechos humanos de Paraguay, en el mismo evento, reiteró las preocupaciones y agregó cómo se ha hecho más difícil la vida desde el comienzo de la pandemia de Covid-19.
“La soya es el producto principal en el Paraguay”, explicó. “Provoca conflictos internos, la migración de familias indígenas. Impacta el ecosistema porque provoca sequías graves. Y ahora, encima de todo esto, tenemos la pandemia.”
“[En Paraguay] estamos todos trabajando para hacer más visibles a los defensores de derechos ambientales, y estamos haciendo mucho esfuerzo en esto con las comunidades”, continuó el dirigente comunitario.
“Es particularmente importante en estos tiempos de pandemia cuando el gobierno nos pide que nos quedemos en casa sin ninguna política de salud o alimentación”, agregó.
“Incluso 6 meses después del inicio de la pandemia, vemos que lo que más afecta a la mayoría de los miembros de las familias indígenas es el hambre. En este tiempo, la deforestación ha creado muchos conflictos en zonas indígenas por la falta de seguridad.”
El líder comunitario explicó que los indígenas paraguayos se enfrentan a políticas de estado y actitudes racistas y discriminatorias, entre otros de parte de ganaderos no indígenas que cierran el acceso de las comunidades a sus territorios ancestrales, limitando así su libertad de practicar sus actividades tradicionales de subsistencia en sus territorios ancestrales.
“Incluso en el Siglo XXI, en el Paraguay seguimos sufriendo racismo,” dijo el líder.
“Como pueblos indígenas que vivimos amenazados, nuestras denuncias no son atendidas. Necesitamos sacar un SOS - un llamado urgente de asistencia por el grado de amenaza y daño que estamos viviendo,” concluyó.
Derechos humanos amenazados en Colombia
En Colombia —el país más peligroso del mundo para defensores de derechos ambientales y humanos en 2019— las comunidades se enfrentan a problemáticas similares.
“En el territorio de Montes de María, nuestra población está amenazada físicamente por grupos armados ilegales, y además tenemos graves riesgos para nuestra subsistencia y seguridad alimentaria por la gran extensión de plantaciones de palma aceitera que han ocupado la región,” dijo una defensora de derechos humanos y dirigente de una comunidad afrodescendiente.
“Las raíces de muchos de los conflictos están en problemas de tenencia de tierras y desigualdad en el acceso a la tierra,” explicó.
Las comunidades de Montes de María dependen de la pesca y la agricultura, y las vastas extensiones de monocultivo de palma aceitera son una amenaza para su subsistencia.
“Las plantaciones de palma aceitera están en las bajadas de agua”, dijo la dirigente. “Afecta a las comunidades porque los químicos se van con el agua y ya no es buena para consumo. Además causan deforestación.”
“Muchas de nuestras comunidades ya viven rodeadas de plantaciones de palma aceitera y no tienen ya acceso al agua, a los pozos y han perdido muchos otros recursos de subsistencia,” continuó.
“Las plantaciones usan químicos que pueden tener consecuencias serias y graves para nuestras comunidades, [mientras al mismo tiempo] el monocultivo de palma invade nuestras reservas de agua y bosque.”
“Nuestra solicitud es que las empresas, la Unión Europea y otros mercados respeten las protecciones a los derechos humanos tal y como lo establece las Naciones Unidas”, dijo la dirigente.
“Es significativo que los casos de Perú y Colombia que se comparten en este evento de ZTI, ambos estén asociados a la cadenas de abastecimiento globales de palma aceitera, conectadas a grandes transnacionales de agronegocios, compañías de alimentos y bebidas que son miembros del CGF, entre ellos Nestlé, Cargill y Unilever,” dijo María del Rosario Arango del Forest Peoples Programme, moderadora del evento.
Se pidió a Mali Ole Kaunga que hiciera una evaluación de los acuerdos alcanzados en la COP26 y si abordaban las causas fundamentales de los ataques contra los líderes indígenas. Expresó su frustración por la disparidad entre la discusión sobre los derechos humanos y la implementación de los derechos humanos en los nuevos acuerdos.
“Sabemos que las cuestiones de justicia climática son cuestiones de derechos humanos. Me sentí frustrado porque algunas de las partes no lo aceptaron cuando se trata de un tema tan clave”.
También mencionó que en Kenia las inversiones en exploración de petróleo y gas las estaban llevando a cabo países ricos y desarrollados que se encuentran entre los principales contaminadores.
“Me parece intrigante, o más bien extraño, que estén de acuerdo en limitar el calentamiento global y abordar cuestiones [climáticas] e invertir mucho más en energía limpia, cuando son ellos los que invierten en exploración petrolera […] Es frustrante, como creo "No encontré mucha honestidad cuando se trataba de cuestiones relacionadas con las contribuciones determinadas a nivel nacional".
Amenazas a defensores indígenas en el Perú
Un dirigente indígena de Ucayali, en la Amazonía peruana, describió los impactos para las comunidades de la empresa de aceite de palma Ocho Sur P.
“Esta empresa nos ha destruido nuestra forma de vida. En medio de la pandemia, ha seguido operando sin autorización ni permiso. Esta empresa no respeta los derechos de los pueblos indígenas”.
“Ocho Sur P provee de aceite de palma a OLPESA, OLAMSA, Rossel y Palm Oleo, entre otros. Estas empresas suministran a su vez a la empresa de bienes de consumo más grande del Perú: Alicorp. Entre 2013-2019, el 25% del aceite de palma exportado por el Perú vino de Alicorp.”
“Incluso mientras la RSPO continua su investigación de la denuncia que presentamos contra OLPESA hace un año y medio, nos hemos enterado que un miembro del CGF, Nestlé, tiene a OLPESA entre sus proveedores,” dijo el dirigente indígena.
El comercio debe defender los derechos humanos
Estos relatos locales demuestran que las empresas deben tomar acciones más robustas para prevenir conflictos y ofrecer mayores protecciones para quienes están tratando de defender sus hogares, sus tierras y territorios, sus derechos fundamentales, su modo de vida y sus bosques de los daños de la producción de bienes de consumo.
En su intervención, Michel Forst hizo hincapié en que “En mis declaraciones en las Naciones Unidas he tratado de destacar las conexiones entre violencia, represión, intimidación y los conflictos ambientales y territoriales.”
“También he hecho un llamado a los actores empresariales para que pongan atención especial en los derechos de tenencia de tierras y que apliquen procesos rigurosos de diligencia debida para prevenir los conflictos de tierras. Esto debe formar parte de sus esfuerzos de proteger los derechos humanos y los defensores ambientales y de sus responsabilidades de respetar los Principios Rectores de las Naciones Unidas.”
Además del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, muchas empresas ya han reconocido la necesidad y la obligación que tienen de iniciar procesos de diligencia debida sobre derechos humanos y de adoptar políticas para proteger a los defensores de derechos humanos. Por ejemplo el Protocolo Esperanza para responder a la impunidad y asegurar el acceso a la justicia, y el Acuerdo de Escazu para las Américas.
Algunas empresas y entidades de la industria como la RSPO han desarrollado sus propias políticas sobre los defensores de derechos humanos, pero hace falta mucho más trabajo para asegurar que estas políticas se apliquen en la práctica.
“En su mayoría, las iniciativas dirigidas por las empresas ofrecen respuestas individualizadas, cuando todos sabemos la dimensión colectiva de estos conflictos,” dice Forst. “No hay un planteamiento holístico para la protección de los defensores y para la prevención de conflictos con comunidades.”
“Algunos de los detonadores principales de los conflictos ambientales —como el desequilibrio de poder, la mercantilización de la naturaleza, la impunidad y el modelo de desarrollo imperante— deben ser atendidos al nivel de los estados nación y las empresas para garantizar soluciones a largo plazo,” continuó Forst.
En sus comentarios finales del evento, Forst dijo que el respeto y la protección de los defensores de derechos humanos no es una cuestión opcional. “Está ligado intrínsecamente a las obligaciones y los compromisos internacionales de los países, relacionados a la protección de los derechos y libertades fundamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles,” insistió.
“Ya es hora que todos los actores, países, empresas e inversores, en particular, comprendan que los defensores no son el enemigo sino aliados indispensables para contribuir a construir un futuro mejor y más seguro para todos.”
Yana Tannagasheva, Siberia
Yana Tannagasheva, representante del pueblo indígena Shor de Kuzbass, suroeste, ofreció una visión general de la situación de su comunidad y cómo se han visto afectados por la minería del carbón.
“La producción de carbón en mi región es una violación y una perturbación de los derechos humanos. Las personas que se negaron a vender sus casas a las empresas del carbón las hicieron quemar. Las compañías de carbón están rodeando nuestras aldeas nativas de Shor.. El incendio del pueblo Kazas fue discutido en el comité CERD de la ONU. Esta era la aldea de mi familia y fue destruida”.
“[Como defensora de derechos humanos] estoy recibiendo amenazas respecto de mis hijos. Estábamos bajo constante vigilancia por parte de los servicios de seguridad rusos. Las personas que defienden los derechos de sus pueblos son extremistas y terroristas a los ojos de las autoridades”.
Como resultado directo de su charla, un miembro del equipo del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos ofreció apoyo a Yana.
AIDESEP, Perú
Una defensora peruana de derechos humanos y representante deAIDESEP optaron por no revelar su nombre por razones de seguridad. Explicaron algunos de los acuerdos alcanzados en la COP26 y cómo esos acuerdos podrían abordar eficazmente las causas fundamentales de los ataques de los defensores de los derechos indígenas en Perú.
“Creo que hay acuerdos ambiciosos por parte de los estados, pero no toma en cuenta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos. Los acuerdos internacionales no miran a las personas que viven en los bosques y los cuidan. Nuestra participación en estos espacios es vital. Los acuerdos que establecen los estados son sólo palabras, no somos parte de las decisiones. Son los gobiernos y los estados quienes toman las decisiones que afectan nuestras vidas”.
La segunda parte de la discusión incluyó una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia en la que se solicitó profundizar sobre el “enfoque de sensibilidad al conflicto” o el “enfoque de no dañar” compartido por Mrinal, así como más información sobre la decisión judicial que afecta al lago Turkana. caso, y reflexiones sobre un resultado clave de la COP26 sobre el financiamiento del carbono en el artículo 6, donde no hay un reconocimiento explícito de los derechos territoriales, territoriales y de recursos, así como ningún requisito de CLPI.
Mrinal Kanti Tripura, Bangladesh
También se pidió a Mrinal Kanti Tripura, director de la Fundación Maleya en Bangladesh, que hiciera una evaluación de la COP26.
“Hay 1.700 millones de dólares reservados para los pueblos indígenas. La pregunta es ¿cómo tendremos acceso a esta financiación? Hay tantas reglas, procedimientos y requisitos que las organizaciones indígenas no pueden cumplir. Deberíamos poder acceder fácilmente a esta financiación”.
“Todo depende de la tierra y los bosques. Está muy interrelacionado, no podemos aislar el cambio climático de otras cuestiones. La visión del mundo de los pueblos indígenas es holística. Si los líderes mundiales realmente entienden que tenemos que salvar el planeta, no veo por qué no están de acuerdo con las demandas de los pueblos indígenas."
"Tenemos buenos estándares internacionales como la convención ILO169, UNDRIP, por lo que cualquier espacio global debe respetar los estándares internacionales ya establecidos".
Mrinal también mencionó un enfoque de sensibilidad al conflicto, que sería clave para garantizar que las acciones que se realicen en tierras comunitarias no creen más problemas.
“Los actores estatales y no estatales que vienen a territorios indígenas para abordar la crisis climática pueden crear nuevos conflictos. Debe haber un análisis detallado por parte de estos actores que incluya a los pueblos indígenas sobre el terreno para evitar ese tipo de conflicto”.
El seminario web fue un espacio vital para que los defensores de los derechos humanos crearan conciencia sobre las amenazas que enfrentan en el terreno y cómo debe mejorar la implementación de la legislación internacional y los Principios Rectores para protegerlos de manera efectiva.