Defensores de derechos humanos hacen llamado a las empresas del Consumer Goods Forum para prevenir la violencia y asesinatos en sus cadenas de suministro
Se requieren acciones más fuertes en el área de cadenas de suministro e inversiones para proteger a las comunidades
Foto arriba: Corozo de palma de aceita en Colombia. Vicki Brown/Forest Peoples Programme 2019
“Las cadenas de suministro de la agroindustria son una de las areas más peligrosas para defensores de derechos humanos y comunidades”, dijo ayer Michel Forst, recientemente Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en un evento de la Iniciativa Tolerancia Cero (ZTI, por sus siglas en inglés).
“El Consumer Goods Forum (Foro de bienes de consumo) – como plataforma clave para minoristas, productores de derivados del aceite de palma y soya entre otros — puede tener un papel importante en promover el debate [de derechos humanos] y mejorar las prácticas corporativas respecto a los defensores de derechos humanos y derechos ambientales” dice Forst.
Según Global Witness, el sector de la agroindustria ha visto un aumento del 60% en asesinatos de defensores de derechos humanos en el último año, la mayoría pueblos indígenas.
Forst exhortó al Consumer Goods Forum (CGF) “a incluir las recomendaciones de la carta de las ONG en su hoja de ruta para materias primas y en futuras consultas con actores del sector”.
“Se nos acaba el tiempo,” dijo. “Los reportes [de agresiones] son implacables: el mundo es más letal que nunca para defensores de territorios y derechos ambientales, para los que denuncian abusos corporativos”.
Conflictos territoriales abundan en Indonesia
En el mismo evento, una representante de las comunidades indígenas de Indonesia explicó, “[En Indonesia] las empresas no buscan obtener derechos legales para adquirir tierras, sino que llegan y se apropian de ellas, cortan el bosque y siembran u operan.”
“Esa es su forma de actuar."
Continuó: “Esperamos que el CGF pueda tratar de identificar cuales son las empresas que operan y cumplen con sus obligaciones, por ejemplo a través de los procesos de la RSPO. Cuando vemos los documentos, percibimos que con frecuencia no hay una representación genuina de los pueblos indígenas en la toma de decisiones con respecto a la certificación de las plantaciones de aceite de palma”.
“El mes pasado tuvimos 30 conflictos territoriales y problemas entre las empresas de aceite de palma y los pueblos indígenas en Kalimantan Central,” relató la representante. “Los pueblos indígenas que defienden sus territorios se enfrentan a violencia de parte de la policía y de Brimob [una unidad de operaciones especiales de la policía de Indonesia]. Son criminalizados.”
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Defensores ambientales en la mira en Paraguay
La problemática se encuentra en muchas partes del mundo. Un dirigente indígena y defensor de derechos humanos de Paraguay, en el mismo evento, reiteró las preocupaciones y agregó cómo se ha hecho más difícil la vida desde el comienzo de la pandemia de Covid-19.
“La soya es el producto principal en el Paraguay”, explicó. “Provoca conflictos internos, la migración de familias indígenas. Impacta el ecosistema porque provoca sequías graves. Y ahora, encima de todo esto, tenemos la pandemia.”
“[En Paraguay] estamos todos trabajando para hacer más visibles a los defensores de derechos ambientales, y estamos haciendo mucho esfuerzo en esto con las comunidades”, continuó el dirigente comunitario.
“Es particularmente importante en estos tiempos de pandemia cuando el gobierno nos pide que nos quedemos en casa sin ninguna política de salud o alimentación”, agregó.
“Incluso 6 meses después del inicio de la pandemia, vemos que lo que más afecta a la mayoría de los miembros de las familias indígenas es el hambre. En este tiempo, la deforestación ha creado muchos conflictos en zonas indígenas por la falta de seguridad.”
El líder comunitario explicó que los indígenas paraguayos se enfrentan a políticas de estado y actitudes racistas y discriminatorias, entre otros de parte de ganaderos no indígenas que cierran el acceso de las comunidades a sus territorios ancestrales, limitando así su libertad de practicar sus actividades tradicionales de subsistencia en sus territorios ancestrales.
“Incluso en el Siglo XXI, en el Paraguay seguimos sufriendo racismo,” dijo el líder.
“Como pueblos indígenas que vivimos amenazados, nuestras denuncias no son atendidas. Necesitamos sacar un SOS - un llamado urgente de asistencia por el grado de amenaza y daño que estamos viviendo,” concluyó.​
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Derechos humanos amenazados en Colombia
En Colombia —el país más peligroso del mundo para defensores de derechos ambientales y humanos en 2019— las comunidades se enfrentan a problemáticas similares.
“En el territorio de Montes de María, nuestra población está amenazada físicamente por grupos armados ilegales, y además tenemos graves riesgos para nuestra subsistencia y seguridad alimentaria por la gran extensión de plantaciones de palma aceitera que han ocupado la región,” dijo una defensora de derechos humanos y dirigente de una comunidad afrodescendiente.
“Las raíces de muchos de los conflictos están en problemas de tenencia de tierras y desigualdad en el acceso a la tierra,” explicó.
Las comunidades de Montes de María dependen de la pesca y la agricultura, y las vastas extensiones de monocultivo de palma aceitera son una amenaza para su subsistencia.
“Las plantaciones de palma aceitera están en las bajadas de agua”, dijo la dirigente. “Afecta a las comunidades porque los químicos se van con el agua y ya no es buena para consumo. Además causan deforestación.”
“Muchas de nuestras comunidades ya viven rodeadas de plantaciones de palma aceitera y no tienen ya acceso al agua, a los pozos y han perdido muchos otros recursos de subsistencia,” continuó.
“Las plantaciones usan químicos que pueden tener consecuencias serias y graves para nuestras comunidades, [mientras al mismo tiempo] el monocultivo de palma invade nuestras reservas de agua y bosque.”
“Nuestra solicitud es que las empresas, la Unión Europea y otros mercados respeten las protecciones a los derechos humanos tal y como lo establece las Naciones Unidas”, dijo la dirigente.
“Es significativo que los casos de Perú y Colombia que se comparten en este evento de ZTI, ambos estén asociados a la cadenas de abastecimiento globales de palma aceitera, conectadas a grandes transnacionales de agronegocios, compañías de alimentos y bebidas que son miembros del CGF, entre ellos Nestlé, Cargill y Unilever,” dijo María del Rosario Arango del Forest Peoples Programme, moderadora del evento.
Mali Ole Kaunga was asked to give an evaluation of the agreements made at COP26 and whether they addressed the root causes of attacks against indigenous leaders. He expressed his frustration at the disparity between the discussion of human rights and human rights being implemented into new agreements.
“We know that climate justice issues are human rights issues. I felt frustrated that it’s not being accepted by some of the parties when it’s such a key issue.”
He also mentioned that investment into oil and gas exploration was being carried out in Kenya by rich, developed countries who are some of the major polluters.
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“I’ve found it intriguing, or rather strange that they are agreeing to cap global warming and address [climate] issues and invest much more on clean energy, when they are the ones investing in oil exploration […] It’s frustrating, as I didn’t find a lot of honesty when it came to issues to do with Nationally Determined Contributions.”
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Amenazas a defensores indígenas en el Perú
Un dirigente indígena de Ucayali, en la Amazonía peruana, describió los impactos para las comunidades de la empresa de aceite de palma Ocho Sur P.
“Esta empresa nos ha destruido nuestra forma de vida. En medio de la pandemia, ha seguido operando sin autorización ni permiso. Esta empresa no respeta los derechos de los pueblos indígenas”.
“Ocho Sur P provee de aceite de palma a OLPESA, OLAMSA, Rossel y Palm Oleo, entre otros. Estas empresas suministran a su vez a la empresa de bienes de consumo más grande del Perú: Alicorp. Entre 2013-2019, el 25% del aceite de palma exportado por el Perú vino de Alicorp.”
“Incluso mientras la RSPO continua su investigación de la denuncia que presentamos contra OLPESA hace un año y medio, nos hemos enterado que un miembro del CGF, Nestlé, tiene a OLPESA entre sus proveedores,” dijo el dirigente indígena.
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El comercio debe defender los derechos humanos
Estos relatos locales demuestran que las empresas deben tomar acciones más robustas para prevenir conflictos y ofrecer mayores protecciones para quienes están tratando de defender sus hogares, sus tierras y territorios, sus derechos fundamentales, su modo de vida y sus bosques de los daños de la producción de bienes de consumo.
En su intervención, Michel Forst hizo hincapié en que “En mis declaraciones en las Naciones Unidas he tratado de destacar las conexiones entre violencia, represión, intimidación y los conflictos ambientales y territoriales.”
“También he hecho un llamado a los actores empresariales para que pongan atención especial en los derechos de tenencia de tierras y que apliquen procesos rigurosos de diligencia debida para prevenir los conflictos de tierras. Esto debe formar parte de sus esfuerzos de proteger los derechos humanos y los defensores ambientales y de sus responsabilidades de respetar los Principios Rectores de las Naciones Unidas.”
Además del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, muchas empresas ya han reconocido la necesidad y la obligación que tienen de iniciar procesos de diligencia debida sobre derechos humanos y de adoptar políticas para proteger a los defensores de derechos humanos. Por ejemplo el Protocolo Esperanza para responder a la impunidad y asegurar el acceso a la justicia, y el Acuerdo de Escazu para las Américas.
Algunas empresas y entidades de la industria como la RSPO han desarrollado sus propias políticas sobre los defensores de derechos humanos, pero hace falta mucho más trabajo para asegurar que estas políticas se apliquen en la práctica.
“En su mayoría, las iniciativas dirigidas por las empresas ofrecen respuestas individualizadas, cuando todos sabemos la dimensión colectiva de estos conflictos,” dice Forst. “No hay un planteamiento holístico para la protección de los defensores y para la prevención de conflictos con comunidades.”
“Algunos de los detonadores principales de los conflictos ambientales —como el desequilibrio de poder, la mercantilización de la naturaleza, la impunidad y el modelo de desarrollo imperante— deben ser atendidos al nivel de los estados nación y las empresas para garantizar soluciones a largo plazo,” continuó Forst.
En sus comentarios finales del evento, Forst dijo que el respeto y la protección de los defensores de derechos humanos no es una cuestión opcional. “Está ligado intrínsecamente a las obligaciones y los compromisos internacionales de los países, relacionados a la protección de los derechos y libertades fundamentales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles,” insistió.
“Ya es hora que todos los actores, países, empresas e inversores, en particular, comprendan que los defensores no son el enemigo sino aliados indispensables para contribuir a construir un futuro mejor y más seguro para todos.”
Yana Tannagasheva, Siberia
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Yana Tannagasheva, representative of the Shor Indigenous People of Kuzbass, South-West, gave an overview of the situation of her community and how they have been affected by coal mining.
“The production of coal in my region is a violation and a disturbance of human rights. People who refused to sell their houses to the coal companies had them burnt down. The coal companies are surrounding our native Shor villages. The burning of the village Kazas was discussed at the UN CERD committee. This was my family’s village and it was destroyed.”
“[As a human rights defender] I am receiving threats regarding my children. We were under constant surveillance by the Russian security services. The people who are standing up for the rights of their peoples are the same as extremists and terrorists in the eyes of the authorities.”
As a direct result of her talk, a team member of the Special Rapporteur on the situation of HRDs offered support to Yana.
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AIDESEP, Peru
A Peruvian Human Rights Defender and representative of AIDESEP chose not to have their name disclosed due to safety reasons. They elaborated on some of the agreements made at COP26 and how those agreements might effectively address the root causes of attacks of indigenous rights defenders in in in Peru.
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“I think there are ambitious agreements on the part of the states, yet it does not take into account our work as human rights defenders. International agreements do not look to the people who live in forests and care for them. Our participation in these spaces is vital. The agreements established by the states are just talk, we are not part of the decisions. It is the governments and the states who take decisions affecting our lives.”
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The second part of the discussion included a Q&A with the audience where there were requests to elaborate on the “Conflict Sensitivity Approach” or “Do no harm approach” shared by Mrinal as well as more information on the court decision affecting the Lake Turkana case, and reflections on a key COP26 outcome on carbon finance in article 6 where there is no explicit recognition of land, territorial and resource rights, as well as no requirement for FPIC.
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Mrinal Kanti Tripura, Bangladesh
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Mrinal Kanti Tripura, Director of Maleya Foundation in Bangladesh, was also asked to give an assessment of the COP26.
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“There are 1.7 billion dollars set aside for Indigenous peoples. The question is how will we get access to this funding? There are so many rules and procedures and requirements that indigenous organisations cannot fulfil. We should be able to easily access this funding.”
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“Everything depends on the land and forests. It’s very interlinked, we cannot isolate climate change from other issues. Indigenous peoples’ world view is holistic. If the world leaders really understand that we have to save the planet, I can’t see why they don’t agree with Indigenous peoples demands."
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“We have good international standards like ILO169 convention, UNDRIP, so any global spaces need to respect the already established international standards.”
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Mrinal also mentioned a Conflict Sensitivity Approach, that would be key to ensuring that actions happening on community land did not create more issues.
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“State and non-state actors who come to indigenous territories to address the climate crisis may create new conflicts. There must be detailed analysis by these actors that include indigenous peoples on the ground to avoid such conflict.”
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The webinar was a vital space for Human Rights Defenders to raise awareness of the threats they face on the ground, and how the implementation of international legislation and the UNGPs needs to improve in order to effectively protect them.