El 5 de marzo, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, publicó su último informe sobre los retos a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas aisladas, remotas y rurales.​

El informe hace un llamamiento a los Estados para que adopten una perspectiva más colectiva de la protección, que incluya el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones y redes de base y garantice el respeto del derecho al consentimiento libre, previo e informado.​

El informe también rinde homenaje a Quinto Inuma Alvarado, que fue un defensor de los derechos humanos indígena kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, en la Amazonia peruana, y miembro del Grupo Directivo de la ZTI hasta que fue asesinado en 2023.

El 12 de febrero, el Jefe Ewin Ogar falleció tras una breve enfermedad. Estimado colega, amigo y miembro de la ZTI, el jefe Edwin era un líder de la comunidad Ekuri, en el estado nigeriano de Cross River.

La comunidad de Ekuri es un caso emblemático de gestión forestal liderada por la comunidad y de resistencia frente a la tala de árboles y la construcción de una superautopista.

En los años 90, el jefe Edwin fue criminalizado por defender a la comunidad. Cuando el juez le ofreció la posibilidad de eludir la cárcel si permitían que el acuerdo de tala saliera adelante, el Jefe Edwin declinó la oferta: «Decidimos ir a la cárcel y salvar nuestro bosque».

El jefe Edwin era un ardiente defensor del medio ambiente y un pilar de fortaleza para su comunidad. Muchos miembros de ZTI conocieron al Jefe Ewin durante la reunión presencial de ZTI África en 2022. Que su legado siga inspirándonos en nuestro trabajo.

El 29 de noviembre de 2024, se cumple un año del asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado que era líder indígena peruano del pueblo kichwa, y miembro del Grupo Directivo de la Iniciativa Tolerancia Cero, en respuesta a su labor como defensor indígena de los derechos humanos medioambientales 

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Un año después, la muerte del apu Quinto ha tenido poco efecto en las acciones del gobierno peruano para proteger a los defensores de los derechos humanos, en especial a los defensores indígenas.

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La comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, el movimiento indígena y el equipo técnico que los acompaña, exigen al Estado peruano las siguientes acciones concretas para proteger la vida en la comunidad, acceder a la justicia por el asesinato del apu Quinto y asegurar el territorio de la comunidad definitivamente.

El Cónclave de los Pueblos Indígenas de Asia y el Pacífico hizo un llamamiento a los Estados, las empresas, las instituciones financieras de desarrollo y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para que adopten medidas proactivas para reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas durante el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas Responsables y Derechos Humanos en Asia y el Pacífico, celebrado del 24 al 27 de septiembre de 2024 en Bangkok.

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En una declaración emitida el 27 de septiembre de 2024, el Cónclave exigió que se garantizara el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas en todos los procesos relacionados con actividades empresariales y de desarrollo en sus tierras y territorios. El Cónclave también instó al reconocimiento de sus derechos y a una participación significativa en las acciones climáticas, incluidas las iniciativas de transición energética.

El objetivo general de esta publicación es analizar las estrategias de protección colectiva de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y rurales en Latinoamérica, en 2022, ante vulneraciones, principalmente, de empresas y cadenas de suministro mundiales. Lea el estudio en inglés y español.

El defensor ambiental Quinto Inuma fue disparado y asesinado por personas encapuchadas en respuesta a su labor de defensa territorial ante el aumento de la tala ilegal y el narcotráfico en la región San Martín, especialmente en el valle del Chipurana.

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Por eso estamos amenazados, porque estamos resistiendo,” dijo Quinto Inuma, hablando en la reunión regional de América Latina de la Iniciativa Tolerancia Cero en 2022.

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

El documento informativo "Amenazas a los defensores de los derechos humanos: Seis formas en que las empresas deben responder" es un hito importante hacia las Políticas de Tolerancia Cero y detalla cómo deben responder las empresas al creciente número de amenazas a las que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, ofreciendo seis recomendaciones clave.

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

Esta carta abierta, firmada por organizaciones de todo el mundo, apoya a la organización colombiana de derechos humanos Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Destaca los ataques llevados a cabo contra el representante legal de Justicia y Paz, Danilo Rueda, y otros defensores de los derechos humanos en Colombia.

Danilo ha sido objeto de una campaña de desprestigio en su contra por parte de poderosos sectores de los medios de comunicación y de la clase política colombiana. Estas acusaciones, ataques y campaña de desprestigio han puesto en riesgo la vida e integridad de Rueda. Danilo es miembro del grupo directivo de ZTI.

Organizaciones no gubernamentales y académicas internacionales y nacionales han enviado una carta a las autoridades gubernamentales y de seguridad de Colombia para resaltar su preocupación por la minería ilegal en el Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta.

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La carta expresa su preocupación por la falta de implementación de las órdenes de la Sentencia T530 de la Corte Constitucional de Colombia de septiembre de 2016. Esta Decisión de la Corte reitera el derecho del Resguardo Cañamomo Lomaprieta a autogobernar su propio territorio y crear sus propias regulaciones con respecto a la minería en sus tierras.  

A finales de 2019, miembros de la comunidad afrodescendiente de Barranquilla de San Javier en Ecuador realizaron protestas pacíficas para exigir que la empresa de aceite de palma Energy & Palma a retirarse de su

Las protestas fueron reprimidas violentamente y Energy & Palma presentó una denuncia legal contra los líderes comunitarios, exigiendo una indemnización de 320.000 dólares estadounidenses. También se ordenó a cuatro defensores del derecho a la tierra de Barranquilla que paguen 151.000 dólares a la empresa de aceite de palma.
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Esta carta abierta llama a las empresas de bienes de consumo a revelar y explicar su proceso de debida diligencia en la cadena de suministro con respecto a Energía y Servicios. Palma.

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

En el sector de la agroindustria se ha registrado un aumento del 60% de los homicidios de defensores de los derechos humanos (DDH) en el último año, la mayoría de ellos indígenas.

Este seminario web es una oportunidad para que las comunidades forestales de Indonesia, Colombia, Paraguay y Perú compartan sus luchas con una audiencia mundial.

Se invita a activistas, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas a que escuchen a los defensores de los derechos humanos hablar de la situación sobre el terreno de las comunidades afectadas por la producción industrial de aceite de palma y soja. Este será un espacio para el aprendizaje mutuo sobre las estrategias necesarias para hacer frente a las amenazas colectivas a los defensores.

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Los defensores de los derechos del medio ambiente son el grupo de mayor riesgo de los defensores de los derechos humanos. Debido a que se oponen a los megaproyectos que dañan la naturaleza y las comunidades locales, se enfrentan a grandes riesgos, individual y colectivamente. Si no protegemos a estos defensores, ¿quién luchará por el futuro de nuestro planeta? Es hora de proteger a los defensores de los derechos humanos y de unirnos a su lucha por un mundo mejor.

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Esta visión instantánea cubre los resultados anuales de la base de datos del Centro de Recursos de Empresas y Derechos Humanos referentes a los ataques contra los defensores de derechos humanos, que incluye más de 2000 casos de ataques judiciales, físicos y letales, destaca algunos de los pasos positivos clave que las empresas e inversores han tomado recientemente para abordar estos ataques y represalias, y resume las recomendaciones a estos actores.​

Esta iniciativa ofrece una hoja de ruta común para establecer, aplicar y supervisar los compromisos éticos de la cadena de suministro en la agricultura y la silvicultura. Estas normas reflejan el consenso de una coalición diversa de respetadas ONG de conservación y derechos humanos de todo el mundo. Se elaboraron en estrecha consulta con el sector privado y otras partes interesadas clave para establecer una referencia mundial armonizada que sea aplicable a todos los productos básicos y regiones.

A través de 25 estudios de casos, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y ataques contra los defensores del desarrollo, y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo en la mitigación o exacerbación de estos riesgos.

La Sierra Nevada de Santa María es rica en minerales preciosos. Ya se han otorgado 261 concesiones mineras, y otras 244 están pendientes. Sin embargo, los indígenas Arhuacos no han sido incluidos en estas decisiones y procesos. En 2017, esto llevó a una protesta masiva contra los proyectos mineros y su impacto destructivo en sus territorios.

​"Para nosotros los Arhuacos, nuestro territorio es la base de nuestro conocimiento y constituye el escenario en el que nuestra cultura puede desarrollarse", dice Rubiel Zalabata.

El 26 de febrero, AFRILAW, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC), la Iniciativa Tolerancia Cero (ZTI) y la Iniciativa True Cost, presentó el informe «Investigación comunitaria sobre las violaciones de los derechos humanos en la cadena de suministro de aceite de palma en el estado de Edo, Nigeria».

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Alrededor de 90 participantes asistieron a la presentación del informe, que describe las violaciones de los derechos humanos y los ataques a los defensores de los derechos humanos en las cadenas de suministro de aceite de palma y pide a las empresas implicadas que desarrollen políticas específicas de tolerancia cero.

31 organizaciones internacionales han presentado un llamamiento urgente al gobierno indonesio por las violaciones de derechos humanos cometidas contra la comunidad indígena Dolok Parmonangan, en Sumatra Septentrional. Según informes, personal de seguridad de PT Toba Pulp Lestari (TPL) ha infligido daños físicos, bloqueado tierras consuetudinarias y destruido recursos.

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El 2 de diciembre de 2024, las fuerzas de seguridad restringieron el acceso a una fuente de agua clave, lo que desencadenó violentos enfrentamientos. El llamamiento exige una acción inmediata para detener las operaciones de TPL, proteger a los miembros de la comunidad y exigir responsabilidades a los autores.

El 25 de noviembre, el 13º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UN BHR) acogerá una sesión conjunta del Grupo de Trabajo de la ONU y miembros y aliados de ZTI.

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13 años después de la adopción de los Principios Rectores de la ONU, el concepto de "combinación inteligente" de medidas se ha quedado corto en lo que respecta a mejoras concretas para los defensores de los derechos humanos medioambientales, que siguen enfrentándose a amenazas incesantes, ataques, criminalización y asesinatos por su trabajo de protección de la tierra y el medio ambiente.

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Esta sesión explorará diferentes políticas y regulaciones, tanto a nivel mundial como en las diferentes regiones y cómo han demostrado ser eficaces o no en la mejora de la situación de los (W)HRD, los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en situación de riesgo, y lo que hay que hacer

WALHI, Amigos de la Tierra Estados Unidos y Milieudefensie han publicado un nuevo informe titulado "Cultivar el conflicto: cómo Astra Agro Lestari, las marcas y las grandes finanzas aprovechan las lagunas de Indonesia en materia de gobernanza".​

El informe revela que las violaciones del medio ambiente, los derechos humanos y la gobernanza por parte de Astra Agro Lestari (AAL) parecen ser más extensas de lo documentado inicialmente, incluyendo: el cultivo ilegal de aceite de palma dentro de la zona forestal de Indonesia; la intimidación y criminalización de los defensores de los derechos humanos ambientales; y varias filiales de AAL que operan sin los permisos requeridos.

El mes pasado, la casa del líder indígena shipibo-konibo Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP y miembro del Grupo Directivo de la ZTI, fue saqueada y pintada con amenazas de muerte. Se trata del último de una serie de ataques a los que se ha enfrentado Miguel. Los ataques contra Guimaraes son emblemáticos de las amenazas que siguen sufriendo los líderes indígenas y las personas defensoras del medio ambiente en Perú.

Esta carta pide urgentemente al Estado peruano que tome medidas inmediatas para poner fin a las amenazas contra Miguel, su familia y las comunidades indígenas de Perú.

El defensor ambiental Quinto Inuma fue disparado y asesinado por personas encapuchadas en respuesta a su labor de defensa territorial ante el aumento de la tala ilegal y el narcotráfico en la región San Martín, especialmente en el valle del Chipurana.

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Por eso estamos amenazados, porque estamos resistiendo,” dijo Quinto Inuma, hablando en la reunión regional de América Latina de la Iniciativa Tolerancia Cero en 2022.

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

Rainforest Action Network ha acogido con satisfacción la publicación de los Principios de Unilever en Apoyo de los Defensores de los Derechos Humanos. "Unilever ha demostrado que las marcas globales pueden adoptar un enfoque de tolerancia cero frente a la violencia, la intimidación y la criminalización de los defensores de los derechos humanos [...] Y lo que es más importante, establece una guía paso a paso para aplicar una política específica de protección de los defensores de los derechos humanos. Se trata de una primicia mundial para una multinacional con una presencia significativa en regiones selváticas, donde los defensores de los derechos humanos sufren cada vez más ataques y el espacio cívico se reduce.   

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

En respuesta a una carta abierta del grupo palmero Ocho Sur, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas Amazónicos, AIDESEP, emitió una carta pública de respuesta el 7 de julio de 2022. Esta carta acusa a Ocho Sur de utilizar fines intimidatorios para ocultar su estrategia de "divide y vencerás", que afecta a la autodeterminación y al autogobierno de los pueblos indígenas amazónicos de Ucayali.

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La carta pide además a los compradores internacionales de Ocho Sur que ejerzan la debida diligencia antes de comprar aceite de palma a esta empresa.

Tras una reunión celebrada los días 28 y 29 de marzo de 2022, la Comunidad Nativa Paohyan se declaró el estado de emergencia en su territorio ante el abandono del Estado peruano y la presión sobre su territorio debido a la deforestación, la tala ilegal y el narcotráfico. 

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La comunidad de Paohyan invitó al presidente Pedro Castillo Torres a escuchar sus demandas. No podrán ingresar al territorio comunal personas foráneas a excepción de funcionarios del Estado y los representantes de las ONGs aliadas. 

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

Este artículo, escrito por Hipólito Acevei deFAPI y Gam A Shimray de AIPP, destaca la importancia de incluir los derechos de los pueblos indígenas en las propuestas para regular la deforestación. 

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"Lo que se necesita ahora -y con urgencia- es un enfoque ambiental y de derechos humanos verdaderamente integrado que proteja, respete y asegure nuestros derechos territoriales y territoriales colectivos como pueblos indígenas".

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El kit de herramientas para defensores de la Tierra es un espacio de colaboración para los defensores de la Tierra y sus aliados. El kit de herramientas proporciona una colección cada vez mayor de recursos y materiales de capacitación para comunidades que se encuentran en la primera línea de la lucha para defender ecosistemas críticos en todo el mundo, y redes comunitarias para que los usuarios se conecten y compartan sus experiencias.

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La misión del Conjunto de herramientas para los defensores de la Tierra es proporcionar y promover enfoques para el uso de la tecnología de una manera que respalde la autonomía local y la propiedad de herramientas y datos, y reduzca la dependencia del apoyo externo.

Durante la Movilización Mundial, organizaciones y particulares de todo el mundo pedirán que se ponga fin a la criminalización de los defensores del derecho a la tierra.  Exigiremos a los gobiernos que protejan a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que defienden sus tierras, bosques y aguas, y que actúen para reconocer sus derechos sobre la tierra.

El hecho de identificar a una empresa, de enfrentarla y de responsabilizarla por el impacto de sus actividades sobre las mujeres es de vital importancia y debe ser incorporado en la legislación de debida diligencia, así como en las políticas y estrategias empresariales y de derechos humanos más amplias. Si esto no sucede, se corre el riesgo de adoptar medidas que dejarán atrás a la mujer. En el documento se explica por qué se necesita ese enfoque y cómo los Estados y las empresas pueden integrar una diligencia debida en materia de derechos humanos que tenga en cuenta el género en las actividades existentes y emergentes en la esfera de las empresas y los derechos humanos, desde las fábricas de ropa en Bangladesh hasta los proyectos de minería en Nicaragua y Zambia, pasando por las inversiones agrícolas en Guinea-Bissau, Guatemala y Malawi.

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Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

Emyra Waiãpi, un líder indígena de 68 años, fue apuñalado hasta la muerte cuando unos 50 mineros de oro, una docena de los cuales estaban fuertemente armados, entraron en la remota reserva indígena Waiãpi en el estado norteño brasileño de Amapá. IWGIA condena el asesinato del líder waiampi y de todos los pueblos indígenas que defienden sus derechos a sus tierras tradicionales, que están siendo rápidamente explotadas en la carrera mundial por la tierra y los recursos naturales.

A medida que las disputas sobre las plantaciones de la palma aceitera en Sumatra Occidental , Indonesia, se intensifican, los líderes comunitarios y los defensores de derechos humanos están siendo objeto de un aumento en la criminalización e intimidación por parte de la policía local, supuestamente impulsada por los plantadores.

Hasta hace poco, los últimos miembros del pueblo indígena Souy vivían pacíficamente en su territorio ancestral. Pero la llegada de una compañía de caña de azúcar, con lazos con el Presidente, significó que perdieron el acceso a sus tierras y pozos de agua. La compañía consiguió el apoyo de la policía y cuando los aldeanos empezaron a bloquear las carreteras, la compañía utilizó la fuerza para sacarlos y muchos aldeanos fueron arrestados o golpeados. IWGIA cuenta la historia de una valiente mujer de 75 años, que ayudó a los Souy a defender sus tierras contra esta agroindustria invasora.

El 4 de febrero, ZTI coorganizó un seminario web con AIPNEE, REP, SNaKK, BlueGreen Coastal Resource Centre que se centró en la equidad, la justicia y el respeto de los derechos indígenas en Asia en el contexto de la transición energética.

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En toda Asia, los proyectos de energías renovables perpetúan con frecuencia el despojo de tierras, la explotación de recursos, los ataques y asesinatos de titulares de derechos y la exclusión de los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones. ​

En el acto intervinieron Robeliza Halip, de REP, Prabindra Shakya, de AIPNEE, Johnson Jament, de BGCRC, y Maica Saar, de SNaKK, que compartieron estudios de casos y opiniones de comunidades indígenas de toda la región asiática. También se ofrecieron recomendaciones prácticas para una transición energética justa e integradora.

En noviembre de 2024, 40 participantes de 22 países se reunieron en Ginebra para reflexionar sobre los cinco años de ZTI, desde el establecimiento de la iniciativa en el Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en 2019 en Ginebra.

Fue una oportunidad inspiradora para evaluar el progreso colectivo de la coalición global ZTI, debatir los desafíos y dar forma a las direcciones futuras.

Las percepciones, ideas y reflexiones de la reunión se incorporarán a una sesión de estrategia de la ZTI prevista para principios de 2025.

El 5 de octubre, fue encontrado sin vida Gerardo Keimari Enrique, defensor indígena ambiental de la comunidad Shipetiari del pueblo indígena Matsiguenka de Perú. El defensor fue localizado en el río Madre de Dios cerca de su comunidad, con signos de haber sido torturado y acuchillado.

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El hecho ocurre en un contexto en el que Gerardo y miembros de su comunidad ya habían recibido varias amenazas de muerte por parte de invasores de tierras foráneos después de que la comunidad iniciara un proceso de ampliación de su territorio comunal.

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Debido a las continuas amenazas contra él, Gerardo Keimari Enrique había recibido medidas de protección del Ministerio de Justicia del Estado Peruano. Sin embargo, estas medidas de prevención resultaron insuficientes y él fue asesinado.

Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy (AIPNEE) y Right Energy Partnership with Indigenous Peoples (REP) han expresado fuertes objeciones al borrador de la Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas y Minería del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).

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Las organizaciones de Pueblos Indígenas afirman que el proyecto de Declaración de Posición del ICMM no protege los derechos de los Pueblos Indígenas y carece de consultas significativas con sus representantes.

Esta exhaustiva guía es la primera política sectorial de tolerancia cero en el sector empresarial con el mayor número de ataques contra los defensores de los derechos humanos y las comunidades: las industrias extractivas.

El Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos ha publicado un rastreador que documenta los compromisos políticos en apoyo de los DDH. El Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos acoge con satisfacción el creciente número de políticas empresariales que abordan el impacto de sus actividades empresariales sobre los/as DDH y reconocen el importante papel de los/as DDH en los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente. De las 260 empresas evaluadas, sólo nueve cumplían todos los criterios sobre los compromisos de no tolerar ni contribuir a los ataques.

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

Representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo enviaron una carta abierta a empresas de bienes de consumo exigiendo que suspendan inmediatamente la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari de sus cadenas de suministro y trabajen para reparar los agravios de las comunidades afectadas.

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La carta está dirigida a la "Coalición Forestal Positiva" del Foro de Bienes de Consumo -un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo- antes de su reunión durante la Semana del Clima de NYC 2022.

La empresa de aceite de palma Energy & Palma ha estado utilizando demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para criminalizar a los defensores en Ecuador. Los defensores de los derechos territoriales de los afrodescendientes han sido condenados a pagar multas de cientos de miles de dólares por protestar pacíficamente contra la ocupación ilegal de sus tierras por parte de Energy & Palma. Los intentos de Nestlé de establecer un proceso de diálogo mediado estuvieron llenos de irregularidades. 

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La carta insta a Nestlé a tomar medidas concretas para detener los impactos sobre los derechos humanos y los daños ambientales relacionados con las operaciones de Energy & Palma.

El 10 de junio de 2021, diversas ONG nacionales e internacionales enviaron una Carta Abierta a las empresas multinacionales que se abastecían de aceite de palma de Reforestadora de Palma S.A (REPSA) en Guatemala, vinculada a violaciones de derechos y ecocidio. 

REPSA emite una respuesta en la que afirma haber resuelto los problemas derivados de dos vertidos de aceite, pero no es así. Esta segunda carta, fechada en enero de 2022, pide de nuevo a las multinacionales que dejen de abastecerse de aceite de palma de REPSA hasta que se resuelvan estos problemas. 

El 3 de diciembre, la Iniciativa Tolerancia Cero celebró un seminario web en el que cuatro distinguidos líderes indígenas compartieron sus reflexiones sobre las implicaciones que la reciente cumbre COP26 y los PRNU en la próxima década (tras el Décimo Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos) podrían tener para la tierra y defensores del medio ambiente y garantía de derechos colectivos. 

Esta nueva investigación innovadora deTestigo mundial revela por primera vez cuánto podrían haber ganado las instituciones financieras del Reino Unido, la UE, los EE. UU. y China con acuerdos con 20 empresas de agronegocios vinculadas a la deforestación y los abusos relacionados. HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Rabobank y Bank of China se encuentran entre los peores infractores y se tratan en estudios de caso en el informe.

Los miembros de la ZTI forman parte de una coalición de organizaciones que piden una pronta inclusión de los titulares de derechos en el proceso legislativo, una ley que garantice el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo, así como salvaguardias para los defensores de los derechos humanos y los denunciantes de irregularidades.

Este artículo forma parte de una serie de perspectivas sobre la diligencia debida obligatoria publicada por el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos durante la presidencia alemana del Consejo de la UE.

Además de sus graves repercusiones climáticas, la deforestación en el Brasil también está amenazando los derechos y la vida de los pueblos indígenas con conflictos por los recursos del Amazonas que han provocado más de 300 muertes en el último decenio.

Los representantes de los pueblos indígenas viajaron a Europa para compartir sus experiencias. Pidieron a los inversores que adoptaran medidas y se comprometieran con las empresas participadas para que respetaran los derechos de los pueblos indígenas, mejoraran la trazabilidad de los productos y llevaran a cabo una participación significativa de los interesados con los pueblos indígenas.

La economía de Colombia está dominada por industrias de uso intensivo de la tierra cuyas operaciones a menudo traen consigo riesgos importantes para los derechos humanos. Esto hace el que el trabajo de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil sea fundamental para traer la prosperidad, libertad y sostenibilidad compartidas.

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Los defensores que buscan prevenir o exponer los abusos por parte de las empresas se enfrentan a ataques concertados y a veces mortales. En el presente informe se examina la relación entre las empresas y los ataques contra los defensores de los derechos humanos en Colombia entre 2015 y 2019. Colombia es el segundo país más peligroso del mundo en términos de los ataques contra los/as defensores/as de derechos humanos que exponen el impacto de las actividades empresariales,  y representa el 9% de todos los ataques ocurridos en el mundo entero durante este período.
 

Los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos se enfrentan a riesgos significativos y crecientes, experimentando violencia, intimidación y criminalización como resultado de sus esfuerzos. En esta investigación se evalúan críticamente las diversas iniciativas, dirigidas por los estados, los organismos intergubernamentales, el sector privado y las instituciones de financiación del desarrollo que tratan de proteger a los defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Pone de relieve las limitaciones de esas iniciativas y sostiene que el conocimiento, las experiencias y las prioridades de los propios defensores no se han incluido adecuadamente en el diseño de los mecanismos y enfoques de protección.

Emyra Waiãpi, un líder indígena de 68 años, fue apuñalado hasta la muerte cuando unos 50 mineros de oro, una docena de los cuales estaban fuertemente armados, entraron en la remota reserva indígena Waiãpi en el estado norteño brasileño de Amapá. IWGIA condena el asesinato del líder waiampi y de todos los pueblos indígenas que defienden sus derechos a sus tierras tradicionales, que están siendo rápidamente explotadas en la carrera mundial por la tierra y los recursos naturales.

Los defensores de derechos humanos hacen frente ahora más que nunca a un mayor riesgo de represalias y violencia, especialmente aquellos que trabajan en la defensa de los derechos a la tierra, el medio ambiente y de los pueblos indígenas. Si bien las intervenciones de desarrollo pueden ser una herramienta poderosa para la consecución de los derechos humanos, con demasiada frecuencia las actividades emprendidas en nombre del desarrollo no tienen en cuenta de manera adecuada las condiciones y los impactos sobre los derechos humanos, y terminan por exacerbar los riesgos para los defensores.

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​"Para nosotros los Arhuacos, nuestro territorio es la base de nuestro conocimiento y constituye el escenario en el que nuestra cultura puede desarrollarse", dice Rubiel Zalabata.

La comunidad Shipibo-Konibo de Santa Clara de Uchunya lucha contra el despojo y devastación de sus tierras ancestrales debido a la agresiva expansión de la palma aceitera. Además de impactar negativamente la seguridad alimentaria y destruir su forma de vida, la presencia de la empresa ha impulsado una feroz competencia por el control de las tierras entre grupos de colonos dedicados al tráfico de tierras y ha expuesto a la comunidad indígena Shipibo-Konibo a intimidaciones, amenazas y ataques. ;